Agenda Digital del Bicentenario: ¿Qué podemos esperar del próximo gobierno?
Este artículo parte de la premisa que, si no ocurre un evento catastrófico, podemos afirmar con seguridad que el próximo presidente del Perú será Pedro Castillo. Poco sabemos acerca de sus propuestas en materia digital, salvo algunas líneas dentro del Plan de Gobierno de Perú Libre presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Ni su entorno ni sus virtuales congresistas tampoco dan alguna pista de lo que podríamos esperar. Sin embargo, hay factores que sí conocemos y que, si se leen en el contexto de lo que históricamente ocurre cuando un gobierno da paso a otro, nos pueden dar una idea de lo que se viene.
Cuadros técnicos en definición
Cuando entra un nuevo presidente a Palacio de Gobierno, no llega solo. Detrás de él o ella hay toda una comitiva compuesta por su círculo más cercano, los miembros de su partido, los aliados que haya hecho antes o durante la campaña y también los advenedizos que se “subieron al carro” al último minuto. De ese conjunto de decenas, tal vez cientos de personas, el nuevo presidente escogerá a quienes le van a ayudar a cumplir con su proyecto político. Para lograrlo, estos “elegidos” tomarán a su vez todo tipo de decisiones, siendo una de las más importantes colocar a sus cuadros técnicos en puestos clave del aparato estatal.
En democracias funcionales, los proyectos políticos nacen de los partidos y los candidatos que ganan las elecciones son militantes de los mismos o por lo menos tienen una trayectoria que permite identificarlos plenamente con ellos. Sin embargo, desde la década de los 90, las elecciones presidenciales en el Perú siempre las han ganado políticos sin partido. Desde Alberto Fujimori hasta Pedro Pablo Kuczynski, todos ellos han llegado a la presidencia sobre los hombros de vientres de alquiler, sancochados y partidos creados específicamente para viabilizar su postulación. Pedro Castillo, un invitado dentro de Perú Libre, es solo el último ejemplo de este fenómeno.
Esto ha tenido como consecuencia que, a la hora de elegir quienes van a acompañar al presidente para gobernar, exista una mayor incertidumbre pues la pugna por cuotas de poder es total y no se restringe al partido político del ganador. En el caso de Castillo, me atrevería a sugerir que hay un factor que hace que este proceso sea aún más crítico: todo parece indicar que, además de impulsar una Asamblea Constituyente y el cambio de la Constitución, no hay mucho más en la agenda del futuro presidente. Eso significa que la conducción política de otros sectores, posiblemente quede a cargo de los “elegidos”.
¿Quiénes podrían ser esos elegidos? Me atrevo a decir que hay por lo menos tres candidatos fuertes:
El primero y más probable es Vladimir Cerrón, ideólogo y fundador del partido que acoge a Pedro Castillo y que además tendrá la primera mayoría en el Congreso.
En segundo lugar están los dirigentes de los partidos más “afines” a Castillo y que ya han adelantado su apoyo, que son las coaliciones del Frente Amplio y de Juntos por el Perú.
En tercer lugar está el entorno cercano de Pedro Castillo, del que se sabe muy poco acerca de su influencia y afinidades.
Dependiendo de cuál de ellos prevalezca, podemos esperar diferentes cosas en materia digital. A continuación, hago un recuento de algunos de los escenarios más probables:
¿Censura y conectividad provista por el Estado?
Si Cerrón triunfa en la pugna interna, me parece probable que los cuadros técnicos que coloque en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) apuesten por un rol más activo del Estado, especialmente respecto del sistema de licencias de radio y televisión. Posiblemente la presión inicial recaiga en los medios de comunicación tradicionales, pero no sería raro que intenten extender su alcance también a Internet. Esto está implícito en su Plan de Gobierno, donde señalan que “ejercer soberanía sobre la información es fundamental” para oponerse a la influencia mediática de países como Estados Unidos.
Por supuesto, establecer mecanismos de censura a los medios de comunicación sería la materialización de todos los temores que despierta Perú Libre y su candidato Pedro Castillo, así que posiblemente no sería lo primero que hagan o al menos no lo harían directamente. No obstante, nada les impida hacerlo. A finales del año 2019, el MTC publicó el Decreto Supremo N° 035-2019-MTC, una norma a través de la cual esta entidad se otorgó a sí misma el poder de ordenar a las empresas de telecomunicaciones el bloqueo de aplicaciones y sitios web en Internet que promovía el uso de “taxi en moto”. Con este precedente, lo único que tendría que hacer el MTC es aprobar un nuevo decreto.
En el caso de que Castillo se decante por gobernar con facciones menos radicales de la izquierda como las lideradas por Marco Arana y Verónica Mendoza, algo que considero posible son cambios en el modelo de conectividad a Internet. Especialmente en el caso de Mendoza - cuyo programa hacía hincapié en convertir el acceso a Internet en un derecho humano- la llegada de cuadros técnicos afines a esta idea podría traer como resultado que se ponga sobre la mesa que el Estado provea conectividad directamente a los usuarios finales. Ya había hablado de este tema en un artículo anterior y señalaba que para hacerlo se necesitaba cambiar la Constitución. Y bueno, eso ya parece un hecho.
¿Paralización de políticas de gobierno digital?
Durante los últimos cinco años, uno de los actores más activos en términos de generación de políticas públicas en materia digital ha sido la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), que es la sucesora de lo que en su momento fue la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico (ONGEI). El trabajo de coordinación interinstitucional que ha realizado y el liderazgo que ha asumido esta pequeña oficina adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros le valió que en 2018 el entonces presidente Martín Vizcarra apoyara la promulgación del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, así como los posteriores Decretos de Urgencia de Confianza y Transformacional Digital. Todas ellas, normas que le otorgan amplias facultades y rectorías a la SEGDI para dirigir la política del Estado en el ámbito digital.
Esta “acumulación” de poder sin precedentes, que en la práctica resta iniciativa a organismos con liderazgo previo en estos ámbitos, como es el caso de RENIEC o el INDECOPI, se ha defendido siempre bajo la idea de que esto contribuye al mejoramiento de la “gobernanza pública”. Este indicador proviene de un informe de 2016 producido por la OCDE en el marco del Programa País, un programa que inició en 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala y que busca que el Perú eventualmente forme parte de este grupo. Aunque el informe no dice que las atribuciones sectoriales deben concentrarse (algo que de todas maneras ya ocurre), sí menciona que mejorar la gobernanza requiere articulación entre entidades del Estado. En ese esquema, la SEGDI “asume” dicho papel de articulador.
Independientemente de a quién designe Castillo, sabiendo que de todas maneras el ingreso de un nuevo presidente implica casi siempre la renovación total de las cabezas de los ministerios; es casi seguro que Marushka Chocobar, la actual líder de la SEGDI, deberá dejar su puesto. No me parece probable que su sucesor o sucesora impulse con igual fuerza nada que tenga relación directa con el ingreso del Perú a la OCDE, un espacio de cooperación sin afinidad ideológica al ideario de Perú Libre. No obstante, eso no significa necesariamente que se paralice todo el trabajo, pero posiblemente se reduzca en gran medida durante el siguiente lustro.
Las propuestas de regulación en materia digital aumentarán en el siguiente Congreso
Recientemente diferentes actores del ecosistema digital peruano alzaron su voz contra un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca establecer diferentes restricciones al uso de las redes sociales, pero que está redactado de tal forma que representa un peligro para derechos como la libertad de expresión. Por supuesto, no es un caso aislado. Aunque este Congreso duró apenas un año, produjo aproximadamente 20 propuestas para regular diferentes aspectos de Internet, desde el comercio electrónico hasta la publicidad. En la mayoría de casos, las iniciativas resultaban inocuas, pero al menos unas cinco, entre ellas la mencionada al inicio, son francamente peligrosas.
El Congreso que entra en julio próximo asumirá la tarea de estudiar la viabilidad de algunas de las iniciativas que deja el anterior, pero posiblemente se dedique también a reciclar y mezclar lo que encuentre con sus propias ideas sobre la forma en que debe regularse Internet. Hay dos motivos que me llevan a pensar de esta manera: el primero es que hay agendas específicas en las que el gobierno pondrá especial énfasis, por ejemplo; los medios de comunicación. No sería raro pues que los congresistas de Perú Libre y sus aliados propongan -como ya se ha visto en anteriores ocasiones- una mayor criminalización de los delitos contra el honor o el bloqueo de contenidos “nocivos” en redes sociales. El otro motivo es que en años recientes, las propuestas de regulación de Internet se han incrementado exponencialmente en los gobiernos de izquierda (Argentina, Bolivia, México) y el Perú tiene todas las cartas para seguir ese camino.
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