Salvo la fibra óptica, todo es ilusión: Red Dorsal, Internet como derecho humano y satélites

Este artículo tiene como principal objetivo plantear algunos de los puntos que necesitamos empezar a discutir en nuestro ecosistema digital, a propósito de los últimos cambios en relación al acceso a Internet en el Perú. 

Red Dorsal

A mediados de marzo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que le había ganado un arbitraje a Azteca, la empresa concesionaria de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). Este hecho se dio en el marco de una controversia de varios años entre ambas entidades debido al aparente fracaso de varios de los objetivos por los cuales se construyó la RDNFO. Pese al aparente entrampamiento, en febrero el Presidente Sagasti anunció en televisión nacional la disolución del contrato, lo que parecía ponerle punto final a la disputa.

Aunque esto último fue celebrado por varias personas, la verdad es que hasta la fecha no queda claro si de verdad se va a resolver el contrato o no porque el proceso de resolución requiere varias formalidades previas: Primero, debe haber un período de recepción de comentarios; luego, una audiencia pública. Tras ello, el MTC tomará su decisión final, la cual debería conocerse aproximadamente en julio. Hasta ese momento, cualquier cosa puede pasar. Además, es preciso tener en cuenta que en junio (o incluso antes) tendremos nuevo presidente o presidenta y por lo que hemos escuchado, podrían haber escenarios en donde el contrato no se resuelva.

Muchas cosas se pueden decir acerca del aparente fracaso que resultó nuestra RDNFO en manos de Azteca. Marcela Mendoza ha condensado muy bien algunos datos importantes de dicha cronología. También lo ha hecho el equipo de DN Consultores, incluso previendo con años de anticipación su caída en desgracia. Pero más allá de lo triste que debe ser este mal paso para personas como Mesías Guevara -impulsor emblemático de este proyecto-, no muchos discuten las opciones que tiene el Estado Peruano cuando esta novela termine y la infraestructura quede bajo su control.

Las dos cosas que se han propuesto hasta ahora son: a) Que se tiene que buscar un nuevo concesionario, y que; b) PRONATEL se tiene que hacer cargo de la RDNFO y ofrecer la capacidad de la red de transporte a las empresas privadas de telecomunicaciones. Dada la situación en la que nos encontramos a raíz del COVID-19 y del pronóstico sobre el futuro del país, ninguna de las dos parece muy probable. Con la experiencia de Azteca, ¿qué concesionario va a invertir en este clima? Por otro lado, empresas como Telefónica, Claro y Bitel ya tienen desplegada su propia fibra óptica en los lugares donde tienen mercados relevantes por lo que no tienen estímulos para contratar más capacidad de la RDNFO.

Por supuesto, algunos han especulado con temor sobre la posibilidad de que el Estado tome la decisión de usar la RDNFO para proveer acceso a Internet directamente a los usuarios finales, entrando en competencia (algunos dirán desleal e inconstitucional) con las empresas privadas de telecomunicaciones. Esto implicaría no sólo la posible creación de una empresa estatal de telecomunicaciones que dirija dicha operación, sino también algunos otros cambios que podrían influir en la siempre pospuesta reforma de nuestra Ley de Telecomunicaciones. 

Esta es precisamente una de las discusiones que no estamos teniendo, tal vez por la campaña presidencial, pero que deberíamos apurar, sobre todo teniendo en cuenta que varios de los candidatos tienen propuestas sobre conectividad y la mayoría de ellas son muy malas. No hacer nada tampoco es una opción, pues la RDNFO se convertiría probablemente en lo que es actualmente la Refinería de Talara; un proyecto al que hay que seguir inyectando fondos públicos aunque no produzca nada, solo por el hecho de no perder la inversión inicial. 

Internet como Derecho Humano

Luego de casi una década desde que se propuso por primera vez, el Congreso de la República aprobó el jueves 11 de marzo una modificación de la Constitución para reconocer el acceso a Internet como un Derecho Humano. Sobre este hecho en particular, hago míos la mayoría de argumentos de mi ex colega Dilmar Villena de Hiperderecho en este artículo. Aunque efectivamente es un hito importante, el texto finalmente aprobado es una sombra de la idea original, que era considerar el derecho de acceso como un derecho específico en el artículo 2 de la Constitución, o por lo menos colocarlo dentro del inciso 4, junto con el derecho a la libertad de expresión y no solo en el artículo 14 donde finalmente ha terminado junto al derecho a la educación. 

Algunas personas se han expresado sobre este hecho señalando que no era necesario incluir este nuevo derecho, ya sea por la teoría de que no deben protegerse tecnologías específicas, ya sea porque consideran que nuestra Constitución tiene una lista abierta de derechos y el acceso a Internet ya se desprendía de ellos. Más allá de que no comparto estas posturas, la realidad es que en los 28 años que tiene nuestra Constitución, hasta la fecha no ha existido ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional que permita siquiera inferir que este derecho está reconocido. Por otro lado, hay abundante experiencia internacional (Brasil, Costa Rica, Italia, México) que apunta a que proteger constitucionalmente el acceso a Internet es beneficioso en la medida que permite mejorar el nivel de cumplimiento de otros derechos, nominados e innominados.

Ahora bien, quizás una de las pocas cosas en las que no estoy de acuerdo con la mayoría de personas que han escrito sobre este nuevo derecho, es que a partir de ahora el Estado podrá garantizarlo, ofreciéndolo directamente o incluso de forma gratuita. A diferencia de otros países como Argentina, Bolivia, Brasil o Colombia, en donde, bajo diferentes modelos, el Estado provee directamente el acceso a Internet; Perú no puede hacerlo pues la Constitución ha relegado la actividad empresarial del Estado a un rol subsidiario. Esto significa que allí donde llegue la conectividad ofrecida por las empresas privadas de telecomunicaciones, el Estado no podría ofrecer el servicio directamente pues estaría compitiendo en ventaja. Peor aún si ofrece la conectividad de forma gratuita. Por el mismo motivo, no es viable tampoco ofrecer acceso compartiendo el wifi de una entidad pública a la gente, salvo en las grandes ciudades (donde paradójicamente la gente no lo necesita porque ya tiene múltiples opciones de acceso).

Me atrevo a pensar que en el caso de las comunidades no conectadas (esas donde no llegan los privados porque no es rentable) pasa algo parecido. Por algún motivo, el MTC siempre ha basado su estrategia de conectividad y cierre de brechas en fomentar la inversión privada. Mi sospecha es que esto se debe a que entienden que la otra forma de lograr conectar a dichas comunidades pasaría necesariamente por crear una empresa estatal de telecomunicaciones que ofrezca el acceso a pérdida o incluso gratuitamente, y esa idea les da miedo. De nuevo, es posible que la Constitución misma no lo permita y no creo que haber declarado el acceso a Internet como derecho humano vaya a cambiar esa situación como algunos creen. ¿Se podría con una nueva Constitución que permita un papel más activo del Estado? Tal vez.

Satélites

Por lo menos dos candidatos, Yohnny Lescano y George Forsyth, han dicho que si llegan a la presidencia, van a contratar satélites para mejorar la conectividad. Aunque algunos se han burlado, tener satélites como parte de la infraestructura de conectividad para el país en verdad no es una mala idea. El problema es que, por la manera en que lo han presentado, no queda claro cuál es el plan detrás de “traer los satélites”. Como se ha dicho en las dos secciones anteriores, históricamente el Estado Peruano ha restringido su rol a fomentar entornos de competencia e inversiones privadas para la conectividad, pero nunca ha provisto el servicio en sí mismo. Parece además que aún si quisiera, no puede.

Todos los planes de conectividad que nos hemos acostumbrado a escuchar, sobre todo recientemente; tablets, chips con datos, acceso a Internet en las escuelas, no son sino esfuerzos todavía muy aislados y en la mayoría de casos son simplemente subsidios indirectos. Es decir, el Estado le paga a una empresa privada por la conectividad, y luego se la entrega “gratuitamente” a los beneficiarios. En ese esquema, ¿qué significa traer un satélite? Lo más lógico sería pensar que se va a contratar los servicios de una empresa que ofrece Internet satelital y se va a entregar esa capacidad al beneficiario (estudiantes, escuelas, etc.). Lo que en sí mismo solo sería útil en ciertas zonas donde la fibra óptica no llega, pero sería una apuesta bastante cara e insostenible en el largo plazo.

¿Y comprar un satélite? Siguiendo el argumento de que el Estado Peruano no puede ofrecer directamente el servicio de acceso, la única forma viable de comprar un satélite que colabore con la conectividad, sería comprarlo, ponerlo en órbita y venderle la capacidad a alguna empresa privada que quiera ofrecer Internet satelital. Algo así ocurre en Brasil, donde empresas privadas ofrecen servicios de este tipo a través del satélite geoestacionario de Telebrás, su empresa estatal de telecomunicaciones. Pero aunque es viable, tomaría años, probablemente más de un período de gobierno y requeriría una inversión altísima. Si no se hace bien, podría ocurrir lo mismo que con la RDNFO, lo que nos dejaría como saldo tener dos elefantes blancos; uno en la tierra y otro en el espacio. 

Vistas todas las variables, sería interesante que haya una conversación sobre si realmente necesitamos un satélite para ofrecer conectividad a Internet y cuál sería el modelo para ofrecerla. ¿Directamente por el Estado? ¿A través de una empresa privada? Argentina y Brasil son dos ejemplos de países que han sumado los satélites a su estrategia de acceso a Internet, así que no habría que perderlos de vista. 

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